La seguridad: Una mirada nueva para un problema viejo.

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Hablar de seguridad es introducirse en un terreno denso, emblemáticamente espinoso y, por tanto, problemático. Plagado de opiniones profanas y cruzado por la pasión de las ideologías que encuentran allí su mejor lisa para disputar posiciones que por lo general no están exentas de cierto grado de fundamentalismo rancio, el tema (y más que él, su tratamiento pasional y pedestre) ahuyenta toda pretensión de dotar al análisis de la racionalidad propia de lo que, por usar una apelación tan hipócritamente manida, cuan pomposa, deberíamos llamar cuestión de estado.

Si alguna virtualidad poseen éstas es servir a lo que también, con verborragia impar, se han calificado como Políticas de Estado que, a diferencia de las que se dan para sí cada gobierno, deberían, supuestamente, gozar de consenso por parte de otras fuerzas políticas para dotarlas de cierta estabilidad y perdurabilidad habida cuenta de la importancia, naturaleza y magnitud de los intereses y el grado de afectación sobre bastos sectores de la población.

Empero, y a pesar de la claridad de estas proposiciones, hemos venido tropezando una y otra vez con la misma piedra, con igual estulticia y mayor pertinacia.

Bien vale la pena, entonces, que busquemos dar una explicación a nuestros recurrentes fracasos, que nos explayemos acerca de las explicaciones de por qué tanta polémica y, además, sentemos de algún modo lo que será nuestra línea editorial y orientación programática.

El predominio de la dogmática penal o la concepción normativa

La República Argentina viene de una larga historia de ausencia de políticas públicas en materia de seguridad; ello ha producido algunas consecuencias que han quedado al desnudo cuando se planteó la necesidad de plasmarlas y de ejecutarlas.

La ausencia de políticas en materia criminal no significó que el Estado se desentendiese por completo de la seguridad de los ciudadanos, de la seguridad pública, sino que prescindiera por completo de formularlas y, en su lugar, encomendase y delegase preponderantemente en los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad la atención del problema en la creencia que de tal manera satisfacía la necesidad y daba debida cuenta de su responsabilidad.

La prevención y represión del delito debían encontrar allí su cauce, al paso que una justicia criminal y cárceles en medida suficiente complementarían aquella misión.

Por fin, leyes penales apropiadas que sancionasen con penas drásticas y crecientes aquellos delitos que ponían en crisis la seguridad y tranquilidad de las personas daban por agotada la respuesta que el Estado consideraba le era propia.

Y nada más.

Precisamente tal mirada y la convergencia desarticulada de tres poderes del Estado actuando cada cual por su cuenta- el Ejecutivo con sus fuerzas policiales, el Judicial con su jueces y fiscales y el Legislativo dedicado a reformar los códigos por espasmos - eran comportamientos que hacían manifiesta la ausencia de una política, una de cuyas características esenciales debe ser su aptitud articuladora de las distintas ramas de la administración y la reivindicación de aquella potestad por parte del Poder Ejecutivo a quien compete, por mandato constitucional, la jefatura del gobierno y "la responsabilidad política de la administración general del país" (C.N. art. 99, inc. 1° ).

Si bien lo expuesto es válido para el Gobierno Nacional, idéntica resulta la reflexión para cada una de las jurisdicciones provinciales que, en razón del régimen federal que caracteriza nuestro sistema constitucional, han reservado para sí la materia de la seguridad, lo que implica un esfuerzo de articulación mayor a la hora de definir políticas nacionales.

Empero, ese aserto optimista poco tiene que ver con zanjar de un golpe la disputa y sí, en todo caso, con una fuerte apuesta a que un viejo problema tenga una mirada nueva.

León Carlos Arslanian